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Denuncian otro caso de violencia institucional

Por Publicado Febrero 05, 2019
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El Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos acompañó la denuncia de Fabricio Zarate, trabajador y militante social, quien fue víctima junto a sus hijas (nenas de 6 y 11 años) del “uso abusivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía provincial”. El viernes pasado al mediodía Zárate estaba en una vereda de la Avenida España fumando un cigarrillo. Sus hijas estaban en Camuzzi, acompañando a una tía a hacer un trámite. Se le acercaron dos agentes a pedirle su identificación. El trámite derivó en una escandalosa intervención policial, con presencia masiva de efectivos (hubo más 15).

 

Zárate -quien venía de trabajar en la construcción y tenía sus ropas sucias- creyó que no tenía el DNI y eso derivó en un aparatoso operativo: lo maltrataron, lo esposaron y lo trasladaron a la Seccional Primera, según contó públicamente y formalizó ante la Fiscalía de turno y ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. También fueron informados el secretario de Derechos Humanos Antonio Curciarello y el defensor de la Niñez Juan Pablo Meacca.

 

Primero fueron dos efectivos los que le pidieron identificación. Pero uno de ellos llamó a más policías. Varios de ellos llegaron "exaltados", dijo Zárate. Al menos tres efectivos -los que daban las órdenes- no tenían su placa identificatoria, una circunstancia que el trabajador les planteó durante el cruce. Zárate encontró su identificación en la camioneta que había dejado estacionada en el lugar, pero de todos modos la ofensiva policial siguió. Dijo que todo el hecho consta en las cámaras de filmación de la zona.

 

Una hija de Zárate, que salió de Camuzzi y quiso abrazar a su padre cuando vio que se lo llevaban detenido, resultó lesionada en la cabeza tras un empujón que la dejó tirada en el suelo. "Fue un momento horrible", dijo Zárate. Admitió que en ese momento levantó el tono de voz y forcejeó, pero enseguida comprendió que el mejor modo de tranquilizar la situación era calmarse y dejarse llevar a la comisaría.

 

Un policía -siempre de acuerdo a la denuncia- se metió sin autorización en la camioneta, e incluso quitó las llaves. Aunque intervinieron policías de la Seccional Tercera, lo tuvieron en un calabozo de la Seccional Primera desde el mediodía y hasta pasadas las 4 de la tarde. Antes, en el patrullero, lo golpearon en las costillas. Nunca lo dejaron hacer una llamada telefónica. Cuando lo dejaron en libertad quisieron hacerle firmar un papel en el que se lo notificaba de que había sido criminalizado por un supuesto hurto en la vía pública. Cuando se negó a firmarlo, pretendieron que rubricara otro documento donde aparecía acusado de resistencia a la autoridad.

 

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Desde el MPDDHH se aseveró que “es un caso más de las prácticas habituales policiales; en este oportunidad, ante una situación donde no existió delito, la fuerza interviene negándoles derechos fundamentales, como la libre circulación. Quizá, como suele decir en la jerga, ‘por portación de rostro’. Y además violando las propias normativas, actuando el agente sin placa identificatoria y negándose a identificarse verbalmente”, precisó la organización.

 

Además denunció que se hizo “un uso ineficiente del servicio de seguridad, ya que convocan a intervenir a 15 efectivos policiales en un hecho que no genera peligro alguno, desatendiendo de esta forma tareas más importantes. Y, ante alguien que conoce sus derechos y cuestiona sus procederes criminalizantes y estigmatizantes, los efectivos no están preparados para intervenir mediante el diálogo sino solo con el uso de la fuerza”, lamentó el Movimiento.

 

Aseveró la intención de “poner en debate en la sociedad que este tipo de accionar de policial es una gran deuda de la democracia que se cobra año tras año numerosas víctimas, sobre todo de las clases populares a las que se les niegan sistemáticamente sus derechos”.

 

“Es necesario construir una nueva ley de seguridad ciudadana democrática, donde los efectivos cuiden y den seguridad a todas las personas”, propuso el Movimiento.

 

Además alertó sobre una “práctica recurrente” por parte de la institución policial, “que usan hasta el hartazgo para justificar su accionar y justificarse luego de estos hechos: 1) dicen que actúan respondiendo a una supuesta denuncia anónima de un/a vecino/a cuya descripción coincidía, 2) dicen que el uso de la fuerza y el arresto es por ‘resistencia a la autoridad’, y 3) para su posterior liberación los intiman a firmar un acta donde deben autoincriminarse”.

 

“Tambien queremos dejar en claro que el gobierno nacional actua diferente con la poblacón pero para peor: promueve el gatillo fácil, provee a las fuerzas de pistolas Taser torturantes, y no genera ninguna política que amplíe el acceso a los derechos de la población, sino todo lo contrario, agudiza la desigualdad y la pobreza por cada día de gestión”, completó Víctor Giavedoni como presidente de la organización.

 

Zárte dijo durante una conferencia de prensa convocada en la sede del Movimiento de Derechos Humanos que con este comportamiento los policías "en vez de garantizar seguridad a la ciudadanía dan miedo". Explicó que es la primera vez que él personalmente tiene este tipo de problemas, pero conoce que es una práctica cotidiana a partir de su militancia barrial.

 

El trabajador dijo que de todos los efectivos que intervinieron en el operativo, apenas notó que uno de ellos mostró "predisposición al diálogo". Pidió más formación en ese sentido y aludió a la "situación compleja" que se vive a nivel nacional, con las políticas de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que "coartan derechos".

 

"Este abuso se da cotidianamente. Hay que cambiar la formación policial. Acá nada se mide con la misma vara: a un pobre o según su aspecto se lo trata de manera distinta que a alguien que vive en una zona de mayor poder económico. No hay que permitirlo más. Y no quiero que esto quede como un hecho más, lo voy a seguir y a informar hasta las últimas consecuencias", anticipó.

 

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