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Cannabis Medicinal: “Mientras usted sufre, yo investigo”

Por Publicado Julio 27, 2017
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En la Kermés de los Sábados conversaron con el abogado, integrante de Asociación Pensamiento Penal y Defensor Oficial, Martín García Ongaro, acerca de los alcances e impedimentos de ley de uso medicial del cannabis. El referente pampeano del área de políticas de drogas de APP sostuvo que fue la organización de usuarias “Mamá Cultiva” la que logró el dictado de la ley 27350. Y que la denominación de cannabis medicinal es novedosa, porque lo cierto es que la planta es una sola y no tiene usos apriorísticos.

 

¿De qué se trata esta ley y cuáles son los alcances y limitaciones para los usuarios de cannabis medicinal?

 

La ley lo que hace es reafirmar y visibilizar la problemática que está vinculada al uso de la planta y a los derivados sintéticos. Brinda un marco posible de descriminalización de la actividad, que es el que tiene que ver con las investigaciones científicas y médicas. Este marco, si bien parece novedoso, no lo es. En Argentina hace 50 años que tenemos la posibilidad de hacer investigaciones sobre cannabis o sobre cualquiera de las drogas ilícitas que están previstas en la convención única de Naciones Unidas y por la cual nuestro país tiene un régimen de prohibicionismo en materia de drogas. Tanto los opiáceos, como los derivados de la coca, tienen un nivel de prohibición pero también tienen un nivel de posibilidad de investigación científica que, desde el año 1968, se podría haber hecho en nuesto país. La nueva ley lo que viene a hacer es explicitar esto.

 

En el grueso de la 27350 se preveía el autocultivo, pero finalmente se vio frustrado. Quienes promovieron esta ley son, basicamente, usuarios y autocultivadores que se vieron imposibilitados de obtener un marco legal de interferencia estatal. Sabemos de los niveles de criminalización que hay contra los cultivadores.

 

¿La ley prohíbe el autocultivo?


La ley no lo prohíbe, pero tampoco lo prevé. Eso hace que los usuarios estén desprotegidos, cuando realmente la movilización hacia las posibilidades terapéuticas del cannabis están extraídas de los usuarios experimentales. De aquellos que se han atrevido a hacer uso de la planta y han obtenido resultados favorables en sus problemáticas de salud.

 

La ley salió por unanimidad, ¿dónde estuvo la traba que impidió el autocultivo?

 

Durante las discusiones en comisiones, surgió la posibilidad de que ANMAT (organismo de control de medicamentos, alimento, etc.) pudiera hacer un informe acerca de las propiedades efectivas del uso del cannanis en tèrminos medicinales. ANMAT corroboró todo lo que tiene que ver con los paliativos del dolor y una serie de propiedades. Sin embargo, desde el organimo determinaron que no era aconsejable el autocultivo, porque tenia ciertos riesgos no muy determinados. Con alguna fórmula extraña provocaron que el autocultivo no fuera una posibilidad real. Ese informe determinó retirar el autocultivo de la ley. No obstante, se pudo generar un registro de usurarios, con cierto grado de confidencialidad, para que pudieran acceder en lo inmediato a los derivados sintéticos del cannabis y, en lo mediato y largo plazo, poder acceder a productos fabricados en la república.

 

En definitiva, la ley establece: “mientras usted sufre, yo investigo” y esto es lo problemático, porque hay gente que no puede esperar. Además, es “sufra mientras solamente yo investigo”, y esto monopiliza el proceso de autodeterminación del artículo 19 de la Constitución Nacional y de elegir el tipo de tratamiento que uno quiere tener.

 

¿Cuál es el objetivo de APP en este tema? ¿Qué metodologías usan?

 

La asociación, por lo pronto, nuclea iniciativas, usuarios e informa y divulga derechos. Facilita la posibilidad de interiorizarse sobre lo que hoy se está discutiendo. En otros lugares de latinoamérica, sin ir más lejos, en Uruguay se aborda la problemática de cannabis y la problemática de salud de una manera distinta a la nuestar. Allí ya van por la segunda etapa de regulación del uso de cannabis. Existe la venta en farmacias, el registro de usuarios para autocultivo, el registro de asociaciones cannábicas y el cultivo solidario.

 

En La Pampa, algunos legisladores como Espartaco Marín, Abel Sabarots y Eduardo Tindiglia, dieron algunas muestras de que querían ir un poco más allá. ¿A nivel provincial, legislativamente, se puede abrir alguna puerta que permita el autocultivo?

 

Desde la asociación lo vemos potable. La materia que tiene que ver con el autocultivo tiene dos segmentos de desarrollo. Uno que tiene que ver con el ámbito de reserva, porque los autocultivadores no generan afectación a terceros y el segundo tiene que ver con la cuestión de salud y con que cada persona tiene derecho a elegir cuál es el tratamiento que quiere seguir y cuáles son los que no quiere recibir. En este sentido, APP participó de un amparo presentado en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo que ver con la situación de un paciente de HIV y patologías derivadas de ese cuadro clínico, quien para sus dolencias recibía niveles de administración de psicofármcos que eran sumamente agresivos. A partir de eso, el paciente empezó a utilizar cannabis con fines terapeuticos y esto fue registrado informalmente por sus médicos. Para no verse expuesto a algun tipo de criminalización, presentó un amparo que fue resuelto favorablemente y que le posibilitó el autocultivo.

 

La Pampa tiene facultades concurrentes en materia de Salud y las autoridades ministeriales se han pronunciado a favor del uso de cannabis como complementario o alternativo a los tratamientos tradicionales. De hecho, la obra social de la provincia está financiando la importación de algunos aceites. Esto no sería lo más óptimo, pero es cierto que es una mirada favorable.

 

¿Qué números tiene La Pampa en lo que respecta a la persecución penal del “narcotráfico”?

 

Los indicadores de la PROCUNAR arrojan que en La Pampa, el 38% de las causas que tramitan en el fuero federal tienen que ver con estupefacientes y contrabando. Son 467 causas en 2015, pero, evolutivamente, si uno analiza, vemos que hay un 27% que corresponden a tenencia simple, un 35% a tenencia para consumo, un 10% a siembra o cultivo y, solamente, 18% tiene que ver con el comercio. Es decir, tenemos una estructura federal casi exclusivamente dedicada a perseguir tenencia y usuarios de cannabis y otras drogas.

 

¿Y los fallos Bazterrica y Arriola?

 

A los fallos como Arriola o Bazterrica yo prefiero analizarlos desde descriminalización del uso de todas las drogas. Desde un ámbito de reserva que hay que proteger y de un programa constitucional que tutela cualquier intromisión estatal frente a eso. Digo esto, porque la diferencia es que lo del cannabis medicinal tiene un plus. No solamente se trata del ejercicio de una libertad, ya que todo adulto tiene un nivel de autonomía, sino que se trata del derecho a la salud.

 

En La Pampa, el fallo Arriola (2009) generó el efecto contrario. Hubo una bajada de línea de los Ministerios de Gobierno y Seguridad para perseguir a los usuarios. Uno de los que potenció esa línea fue Roberto Moro, en ese momento a cargo de la Subsecretaria de Adicciones, hoy titular de la SEDRONAR. También es cierto que aquella Corte no es la misma que ahora...

 

Sí. El clima de época es algo que marca. Yo entiendo que esa es la diferencia entre descriminalizar y despenalizar. Cuando hablamos de despenalizar, esto de invocar a Arriola o Bazterrica, implica sostener una estructura que, recién cuando estamos en el plano judicial, nos permite plantearlos. El caso es que, hasta tanto sucede eso, las interferecias estatales no cesan. Interferencias que sufren usuarios que son familias que tienen sus plantas en sus casas. Lo terrible de no descriminalizar es que se permite a las fuerzas de seguridad admnistren los niveles de oportunidad y conveniencia de criminalizar. En cambio, cuando se descriminaliza la conducta, no existe justificación para ese tipo de intervenciones.

 

La clase política se perdió la oportunidad de dictar una ley en el sentido de esos fallos...

 

Sí, claramente. El itinerario que hace nuestra legislación tiene que ver con la variación de los climas de època. Nuestro régimen de persecución de drogas viene de uno más monstruoso heredado de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de la persecución de la guerrilla en los años de la represión ilegal.

 

¿Cómo se sale del conflicto entre derechos indivuales y colectivos y la obligación del Estado de perseguir al narcotráfico?

 

Hay una ubicación estratégica, que tiene que ver la discusión “qué ley vale más que otra”. Las convenciones internacionales de drogas tienen un carácter supralegal, pero hay un marco internacional con rango constitucional que está por encima de estas leyes y que protegen el arraigo a la reserva indivual y el arraigo al derecho a la salud. Que están por encima de cualquier persecución penal sobre drogas, sobre usuarios y mucho más si hablamos de usuarios medicinales.

 

¿Qué pasa con la reglamentación de la ley?

 

La ley tenía un plazo para la reglamentación que no se ha respetado, pero si se han reunido funcionarios del Ministerio de Salud, del INTA, del CONICET y otros organismos autorizados para producir investigación científica. En esa reunión, resolvieron la creación de un consejo consultivo de expertos, pero lo primero que establecieron fue que el autocultivo no. Esto es dramático, porque el impulso de la ley se dio a partir del autocultivo. No obstante, al menos establecieron que el ANMAT facilite los trámites de importación de los aceites de cannabis que ya están usando algunas familias, como el Charlotte o Sativex.

 

¿Qué rol juegan las farmaceuticas?

 

Hace 50 años que existe la posibilidad de desarrollar investigación sobre cannabis y no se ha hecho. La industria farmacológica no tiene trabajos sobre esto. Sí hay centros de estudios en el extranjero que trabajan sobre la planta.

 

Pero el cannabis tiene efectos paliativos que podrian determinar el desuso de otros medicamentos..

 

Claro, además se trata de un acceso a la salud muy barato. Si cualquier persona enferma pudiera cultivar en su casa, no tendría que ir a la farmacia o estar vinculada a una obra social. Sí, esto significaría un impacto económico. Pero aún cuando fuera potable que las insdustrias perfeccionen el uso del cannabis, eso tarda años.

 

Y no es el mismo el que se produce en el ámbito familiar que aquel que se venden en una farmacia...

 

Claro. Además establecer los niveles de coincidencia entre tipos de patologías, tipos de cepas y variedades es muy complejo. Hoy la industria farmacológica no está condiciones de proveerlo. Menos, cuando la experiencia indica que los pacientes tienen que rotar los consumos y los tipos de cepas, porque los organismos desarrollan tolerancia.


¿Sabés cuál es la mirada de la policía, de las personas que integran la policía?

 

No he tenido contacto, pero sospecho cuál puede ser la mirada de la policía con institución. Pero no sería raro que haya personas dentro de la fuerza que tengan una mirada humana sobre el tema o que se hayan acercado por una problemática familiar.

 

Lo que me interesa destacar es que el prohibicionismo ha desplazado un problema de salud hacia un problema de seguridad. Esto tiene que ver con nuestra cultura jurídica. Cualquier sustancia que tenga afectación en el sistema nervioso es asociada a las desviaciones sociales. Esto es la criminologia más basica. A nadie se le ocurriria discutir el colesterol en el ámbito de la seguridad. Por eso es importante establecer que cuando hablamos de cannabis medicinal, hablamos de salud y no de seguridad. Hay que evitar que el riesgo de prisión o la tragedia de la cárcel toque este tema.

 

El prohibicionismo transforma a los sujetos en objetos. Desde hace mucho tiempo se creó la ficción de que el drogadependiente es una cosa que está atrapada por las drogas y que el sujeto es la droga. Esto desplaza la posibilidad de que las personas seamos sujetos autónomos, con responsabilidad.

 

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