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Certificado de impunidad

Por Publicado Diciembre 01, 2017
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Por Juan Carlos Martínez

 

“Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Le damos a la versión que nos da la Prefectura carácter de verdad”, sostuvo la gendarme Patricia Bullrich.

 

En la misma línea de irracionalidad se pronunció la inefable vicepresidenta Gabriela Michetti: “Tenemos que decir que el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad”.

 

En buen romance, no hay más opción que el testmonio de uno solo de los actores.

 

La estridente palabra del victimario sobre el obligado silencio de la víctima.

 

Sentencia inapelable.

 

El estado de derecho no existe, mucho menos para quienes resulten blanco de los continuos atropellos como los que se están produciendo contra la comunidad mapuche y otros sectores de la sociedad.

 

En un país que todavía arrastra secuelas del terrorismo de Estado, que aún no ha podido subordinar a pleno a sus fuerzas armadas y dominar los continuos desbordes de otros organismos de seguridad como las policías de la picana y el gatillo fácil, los juicios vertidos por Bullrich y Michetti son algo más que temerarios.

 

En la práctica, consisten en convertir todo el territorio nacional en una zona liberada, como ocurría durante la dictadura cuando las personas quedaban sometidas a la omnímoda voluntad de las patotas armadas que disponían de sus vidas y de sus bienes sin la más remota posibilidad de defenderse.

 

Sostener como verdades absolutas las versiones que ofrecen los organismos de seguridad no es otra cosa que proteger a quienes, como en los casos de Maldonado y Nahuel, han tenido directa responsabilidad en el trágico final de ambos jóvenes.

 

Por si fuera poco, desde el poder político se desarrolla una sistemática campaña de acción psicológica agitando el fantasma de presuntos grupos armados para justificar los continuos y despiadados ataques desatados contra hombres, mujeres y niños de la comunidad mapuche.

 

La canallesca participación de los grandes medios de comunicación en esa campaña pone de relieve el nivel de degradación que envuelve a buena parte del periodismo argentino.

 

Mientras el Estado se desentienda del control que debe ejercer como único responsable del monopolio y del uso de la fuerza, la sociedad civil irá perdiendo poco a poco derechos y garantías que conciernen a una sociedad democrática y civilizada.

 

Lo que está haciendo el gobierno de Cambiemos al justificar el uso irracional de las fuerzas de seguridad es algo así como extenderles un certificado de impunidad.

 

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  • "El pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo y que de su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza". Rodolfo Walsh