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Certificado de impunidad

Por Publicado Diciembre 01, 2017
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Por Juan Carlos Martínez

 

‚ÄúNosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Le damos a la versi√≥n que nos da la Prefectura car√°cter de verdad‚ÄĚ, sostuvo la gendarme Patricia Bullrich.

 

En la misma l√≠nea de irracionalidad se pronunci√≥ la inefable vicepresidenta Gabriela Michetti: ‚ÄúTenemos que decir que el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad‚ÄĚ.

 

En buen romance, no hay más opción que el testmonio de uno solo de los actores.

 

La estridente palabra del victimario sobre el obligado silencio de la víctima.

 

Sentencia inapelable.

 

El estado de derecho no existe, mucho menos para quienes resulten blanco de los continuos atropellos como los que se est√°n produciendo contra la comunidad mapuche y otros sectores de la sociedad.

 

En un pa√≠s que todav√≠a arrastra secuelas del terrorismo de Estado, que a√ļn no ha podido subordinar a pleno a sus fuerzas armadas y dominar los continuos desbordes de otros organismos de seguridad como las polic√≠as de la picana y el gatillo f√°cil, los juicios vertidos por Bullrich y Michetti son algo m√°s que temerarios.

 

En la práctica, consisten en convertir todo el territorio nacional en una zona liberada, como ocurría durante la dictadura cuando las personas quedaban sometidas a la omnímoda voluntad de las patotas armadas que disponían de sus vidas y de sus bienes sin la más remota posibilidad de defenderse.

 

Sostener como verdades absolutas las versiones que ofrecen los organismos de seguridad no es otra cosa que proteger a quienes, como en los casos de Maldonado y Nahuel, han tenido directa responsabilidad en el trágico final de ambos jóvenes.

 

Por si fuera poco, desde el poder pol√≠tico se desarrolla una sistem√°tica campa√Īa de acci√≥n psicol√≥gica agitando el fantasma de presuntos grupos armados para justificar los continuos y despiadados ataques desatados contra hombres, mujeres y ni√Īos de la comunidad mapuche.

 

La canallesca participaci√≥n de los grandes medios de comunicaci√≥n en esa campa√Īa pone de relieve el nivel de degradaci√≥n que envuelve a buena parte del periodismo argentino.

 

Mientras el Estado se desentienda del control que debe ejercer como √ļnico responsable del monopolio y del uso de la fuerza, la sociedad civil ir√° perdiendo poco a poco derechos y garant√≠as que conciernen a una sociedad democr√°tica y civilizada.

 

Lo que está haciendo el gobierno de Cambiemos al justificar el uso irracional de las fuerzas de seguridad es algo así como extenderles un certificado de impunidad.

 

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