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Justicia o impunidad

Por Publicado Enero 07, 2018
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Por Juan Carlos Martínez


Desde que Macri prometió terminar con el “curro de los derechos humanos”, el gobierno intenta por todos los medios a su alcance echar un manto de olvido sobre el ominoso pasado mientras recorre múltiples caminos buscando la manera de legalizar la impunidad de torturadores, asesinos y apropiadores de niños.


Para alcanzar semejante objetivo, el gobierno cuenta con dos importantes aliados: jueces ligados a la dictadura y los grandes medios de comunicación que le son funcionales.


Fracasadas las dos vías escogidas a través de las leyes de punto final y obediencia debida en tiempos de Alfonsín y el indulto de Menem, el gobierno de Macri avanza por caminos distintos pero que conducen al mismo objetivo.


Por un lado, intenta crear las condiciones propicias para que los genocidas y cómplices que aún no han sido juzgados zafen de ir al banquillo. Por otro lado, manda a su casa a los condenados para que el tiempo de vida que les queda vivan en libertad bajo la fachada de “prisión” domiciliaria.


La estrategia del gobierno es muy clara. Mientras subestima, ignora o trata de sepultar la causa de los derechos humanos, lleva adelante el desmantelamiento de equipos que trabajan en áreas estatales y elimina presupuestos destinados a esos fines.


Un ataque directo al corazón de Memoria, Verdad y Justicia.


La prisión domiciliaria de los genocidas es un eufemismo. Mandarlos a sus casas no es otra cosa que ponerlos en la antesala de la libertad con el riesgo que esa decisión implica para las propias víctimas de estos asesinos, para los jueces que los condenaron y para quienes impulsaron o fueron testigos de los juicios.


En el caso del genocida Etchecolatz –el más emblemático de todos- si desde la cárcel siguió manejando a la policía con absoluta libertad, hay que imaginar lo que no hará desde su domicilio con todos los medios de comunicación y contactos a su alcance.


La desaparición de Julio López estremece la memoria colectiva.


Las políticas regresivas de Cambiemos ha colocado a la Argentina en una nueva y peligrosa encrucijada.


Un país que criminaliza la protesta social, que reprime a sangre y fuego a quienes reclaman pan, justicia y libertad, que censura a periodistas críticos, que persigue y encarcela opositores, que viola la Constitución y los tratados internacionales, que militariza su territorio, es un país desquiciado que transita al borde de un abismo.


En el marco de esta realidad, los argentinos debemos decidir entre dos opciones cruciales: Justicia o impunidad.

 

Foto: tiempo.com.ar

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