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"El gobierno tenía la necesidad de alguien con sintonía fina en la presidencia de la Corte”

Por Publicado Septiembre 15, 2018
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Esta semana se conoció la sorpresiva noticia de que Ricardo Lorenzetti renunciaba a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, tras once años de ejercicio de ese cargo, y que en su lugar asumía el cargo Carlos Carlos Rosenkrantz. En diálogo con “Señal que cabalgamos”, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez analizó las implicancias de este cambio en el máximo órgano de justicia de la Nación. En principio, señaló que la designación estuvo precedida por una serie de irregularidades. Gil Domínguez explicó que el mandato de Ricardo Lorenzetti y Elena Haiton de Nolasco, como presidente y vicepresidenta de la Corte, terminaba el 31 de diciembre, por lo que las funciones de Rosenkrantz arrancarían el 1 de enero del año que viene, no el 1 de octubre.

 

“Desconocieron un reglamento general que nunca puede ser desconocido por un acto particular”, sentenció el abogado constitucionalista y agregó que “Rosenkrantz termina votándose a sí mismo, como lo hizo (Julio) Nazareno en la Corte de los 90”.


Gil Domínguez consideró que la designación de Carlos Rosenkrantz –quien, entre otros antecedentes, tiene el de haber sido el ideólogo del fallo del 2x1 que beneficiaba a criminales de lesa humanidad- se puede leer como la necesidad del gobierno tener como presidente de la Corte a alguien con sintonía fina con el oficialismo.


El nuevo presidente de la Corte Suprema fue cuestionado por numerosos organismos de Derechos Humanos tanto por sus fallos como por haber sido abogado de grandes corporaciones. En este sentido, Gil Domínguez dijo que “no descalificaría a un abogado por los clientes que ha tenido. Rosenkrantz tiene antecedentes académicos y profesionales para ser presidente”. Sin embargo, consideró que hay que ver el perfil que va a darle a la Corte en momentos en que van a llegar muchos casos que tienen que ver con conflictividad social o con atributos del Poder Ejecutivo.


Respecto del diferendo de La Pampa con Mendoza por los ríos interprovicniales, dijo que no cree que haya diferencias porque el caso ya está en etapa de sentencia. Pero consideró que, en temas de agenda, Rosenkrantz descree que los derechos económicos sean derechos y tiene una agenda restrictiva sobre el ambiente.


Sobre las consideraciones que han realizado diversos especialistas respecto de la crisis del estado de derecho en Argentina, Gil Domínguez aseveró que “en general, vivimos en un estado constitucional de derecho sostenido con un marco democrático, pero lo que ha hecho la Corte repercute de manera negativa. Esas irregularidades no son un buen ejemplo para el resto de la sociedad, ni para potenciales inversores, por ejemplo, en la medida en que la máxima autoridad de la Justicia violenta sus propios reglamentos”, concluyó.

 

 

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