Desalojo en El Salitral: reclaman la presencia de Meaca y el ministro de Educación

Detalles: Publicado: 04 Mayo 2022

Ocho familias fueron notificadas de un nuevo intento de desalojo en el asentamiento el Nuevo Salitral.

En la toma que comenzó en julio de 2019 y que llegó a tener unas 300 familias intentando asentar sus casitas en los terrenos baldíos que lindan con la laguna Don Tomás, hoy quedan apenas unas diez. Ocho de ellas recibieron una notificación judicial que las intima a abandonar sus construcciones ubicadas en las calles Gobernador Duval y Niñas de Ayohuma o atenerse a un desalojo por la fuerza pública.

Los supuestos titulares registrales, Homero Cruz Marquez y Luciano Filemón Marquez, buscan quedarse con tierras que hasta hace tres años eran un basural. A consecuencia de esto, este miércoles los y las habitantes se reunieron en asamblea y resolvieron dar batalla legal y en las calles para que el Estado municipal y provincial les dé una solución definitiva a todas las familias. Una veintena de niños y niñas pueden quedar a la deriva si el desalojo se concreta.

karina Lescano vive en el Nuevo Salitral desde hace tres años, pudo bajar el medidor unos meses antes de que el asentamiento creciera espasmódicamente durante el invierno del ‘19. Asegura que en catastro le habían dicho que se trataba de tierras municipales y que por eso decidió comenzar a construir allí.

"En ese momento llegué acá porque necesitaba un lugar donde ir, me quedé sin trabajo y no tenía con qué pagar un alquiler. Además, no me aceptaban en ningún lugar con cinco hijos y en catastro me afirmaron que esto era una chacra municipal. Ahora me encuentro con esta situación que duele, porque es el techo de los hijos, techo donde uno pensó vivir sin molestar a nadie".

Karina junta fierros a la par de su compañero y los vende, con eso hace el mango diario: "vivimos el día a día y además tengo la asignación. Acá vamos comprando cosas para ir mejorando el ambiente, para que los chicos estén bien".

Respecto del rol que le cabe al municipio a la hora de garantizar los derechos básicos en un predio donde no hay agua corriente, ni gas, Karina sostiene que: "El municipio a mí me ha ayudado, me dieron cosas para seguir levantando mi casa. Me ayudaron cuando hubo campaña política, no hubo problemas en ese momento, así que ahora quiero que me ayuden, porque creo que ellos sabían que iba a haber un desalojo y que íbamos a quedar en la calle. Ahora que bajen de nuevo como en campaña, que hablen con los que tengan que hablar, porque acá todos tenemos hijos.

Y agrega: “Nuestros hijos están todos están escolarizados, Educación se tiene que enterar, el Ministro de Educación tiene que saber que ni mis hijos, ni los de ninguna familia pueden quedar desamparados, esto los afecta psicológicamente".

La vecina insiste en que siempre vivió en Zona Norte y que esos terrenos siempre fueron un basurero.

“Ahora salen con que no es municipal y que tiene dueño, acá hay gato encerrado”.

Micalea Jure vive enfrente de las familias que se ven afectadas por la demanda de desalojo. Sin embargo, explica que está apoyando a sus vecinas y las infancias que van a quedar a la deriva.

"Hay una ausencia del Estado, los vecinos van a ser expulsados de sus viviendas sin ninguna política pública, ni respuesta por parte del gobierno, que es el que debe garantizar nuestro derecho a la vivienda. Hoy venimos a reunirnos a hacer la Asamblea, porque es nuestra responsabilidad ciudadana”.

La joven cuenta que allí: “hay una permanente angustia, estamos hablando con las chicas que tienen hijos y no saben a dónde van a ir. Vamos a exigir la presencia de Meaca, que es el director de Niñez. Queremos que nos traiga una solución, acá nos nombran a la niñez, vienen con las leyes pero para meternos miedo, para decirnos que nos van a sacar a los chicos. Hay madres que no quisieron hablar más con la Municipalidad porque vienen con amenazas”.

Micaela asegura que en la parte afectada hay alrededor de 20 niños y niñas que podrían quedar en la calle, pero que en el asentamiento viven muchos más. Por eso piden soluciones reales, una reubicación de la totalidad de las familias y una indemnización para quienes tienen construcciones sólidas, porque la gente ha trabajado mucho para levantar sus casas.

Ayelén Fernández, del Movimiento Darío Santillán, que también habita en el Salitral, cuestiona la falta de escucha del Estado y afirma que los niños del asentamiento están bien cuidados, vacunados y escolarizados. En su parcela funciona un merendero que entrega 97 porciones de comida por día.

Luciano González, del Polo Obrero y el Partido Obrero, organización que viene acompañando el reclamo de los vecinos, que desde hace tiempo insisten con un verdadero acceso a la vivienda, al agua y la energía eléctrica, explica: "hace dos años atrás iniciaron una causa contra los vecinos y con la colaboración de un abogado pudimos demostrar que el procedimiento era erróneo, que habían equivocado la notificación, porque estaba dirigida a todas las familias. Hoy nos enteramos que se ha iniciado nuevamente el proceso de desalojo, todos los vecinos están en alerta, porque no tienen adonde ir, nos estamos organizando para responder judicialmente a través del abogado y para salir a pelear por el derecho a la tierra, a la vivienda y a tener una vida digna para todas estas familias del Nuevo Salitral".

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