Condenan a prisión a una joven madre pobre por usupación

Detalles: Publicado: 27 Febrero 2025

Un fallo judicial pone en debate el déficit habitacional, la violación del derecho a una vivienda digna y la criminalización de la pobreza.

La Jueza de Audiencia Alejandra Ongaro condenó a una joven madre a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de usurpación, una decisión que criminaliza la pobreza y muestra la falta de respuestas estatales ante la crisis habitacional.

MAB, de 35 años, madre de seis hijos y en una situación económica precaria, fue acusada de ingresar y permanecer en un departamento ubicado en la calle Callaqueo 646, propiedad de Daniel Osvaldo Cáceres, entre el 29 de diciembre de 2023 y el 5 de enero de 2024. Según la investigación, la mujer accedió al inmueble a través de un portón que estaba atado con un alambre y luego ingresó por una puerta balcón sin rejas de protección. La Fiscalía, en lugar de contemplar su extrema necesidad habitacional, la imputó por ocupación clandestina.

La defensa de MAB, representada por el Defensor Oficial Juan José Hermúa, argumentó que la acusada había ingresado con permiso del propietario, mencionando una relación previa entre ambos. Sin embargo, la jueza Ongaro desestimó esta versión sin una evaluación profunda de la vulnerabilidad de la acusada ni del contexto en el que se produjo la ocupación.

Blanco declaró que conocía a Cáceres desde hace más de cinco años y que él le había permitido vivir en la propiedad a cambio de encuentros personales. Sin embargo, el denunciante negó cualquier tipo de vínculo con la acusada y afirmó que nunca le cedió el derecho de habitación. A pesar de las inconsistencias en los testimonios, la fiscal Leticia Pordomingo utilizó la declaración del denunciante como única base para su acusación y pidió un año de prisión efectiva.

Una sentencia que criminaliza la pobreza

En su fallo, la Jueza Ongaro determinó que existía prueba suficiente para condenar a MAB por el delito de usurpación, según lo estipulado en el artículo 181, inciso 1º del Código Penal. Sin embargo, en ningún momento del proceso se contempló la falta de políticas habitacionales y de asistencia que derivaron en la ocupación de la vivienda.

Si bien la Fiscalía había solicitado un año de prisión efectiva, la jueza impuso seis meses, alegando la situación de vulnerabilidad social de la acusada. No obstante, la condena sigue siendo una respuesta punitiva a un problema estructural, ignorando alternativas como la mediación o la asistencia social para evitar la prisión de una madre de familia.

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