Buscan prorrogar la emergencia de la propiedad comunitaria indígena

Detalles: Publicado: 01 Abril 2021

El diputado nacional Hernán Pérez Araujo presentó un proyecto de ley para proteger las tierras de los pueblos originarios.

La iniciativa pretende prorrogar la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena hasta el 23 de noviembre de 2025. A su vez, intenta suspender los desalojos de los pueblos originarios por el mismo plazo.

El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación junto a la legisladora chaqueña,Lucila Masin. Entre los fundamentos, explican que "el 23 de noviembre de 2006 se sancionó la Ley Nº 26.160 con el objeto de declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena por el término de cuatro años, suspender los desalojos por el plazo de la emergencia y disponer la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.

"Todo ello en razón del avance a gran escala que ha tenido la explotación de los recursos naturales, a través de las actividades mineras y petroleras, desforestación, explotación agrícola o ganadera, que ha intensificado el despojo de los pueblos originarios de sus tierras, como ha ocurrido a las comunidades que habitan territorios en las Salinas Grandes de las provincias de Jujuy y Salta", expresa el proyecto.

En ese sentido, agrega que "a ello se le suma que los mismos no son consultados de manera previa a la ejecución de los proyectos ni se les requiere su consentimiento para su avance, de acuerdo a lo que exige el derecho internacional de los derechos humanos. Dicha situación ha sido observada por ejemplo en el proyecto "Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento: Presa y Central Hidroeléctrica" de la provincia de Mendoza”.

A su vez, el texto del proyecto sostiene que en 2017 se creó el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Sin embargo, explica, que en 2018 "el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en sus últimas observaciones finales a Argentina mostró preocupación ante la falta de cumplimiento integral del relevamiento, la demarcación de sus territorios, y la prohibición de desalojos de tierras de las comunidades indígenas, dispuesto por la mencionada Ley N° 26.1603".

En el mismo orden, destaca las denuncias e informes por Amnistía Internacional (2019):“Estado de Situación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160: a Trece Años de su Sanción, la Efectiva Implementación es un Imperativo de Derechos Humanos”; y por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (2020): “Informe Especial: La deuda histórica sigue sin saldar. Reiterada advertencia sobre la Inejecución de la Ley N°26.160 y sus prórrogas”.

Conluir el relevamiento

El proyecto de ley que busca prórrogar los plazos de la emergencia declarada en 2006 exige también que el relevamiento territorial pueda concluirse y durante ese plazo ninguna comunidad de pueblos originarios pueda ser desplazada de su tierra ancestral.

"La modificación que se propone, va en concordancia con el espíritu de la reforma constitucional de 1994 que mediante el artículo 75º inciso 17 reconoce 'la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos'; siendo una de las atribuciones del Congreso de la Nación 'garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten'.”

La propiedad indígena también se encuentra reconocida en el Convenio 169 O.I.T. sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por nuestro país mediante Ley Nº 24.071, establece en su “Parte II Tierras” - artículos 13 a 19 - que los gobiernos deben implementar respecto a los pueblos originarios, y el recientemente ratificado Acuerdo de Escazú, el cual dispone dentro de su articulado que “cada parte garantizará el respeto de su legislación nacional y de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales”.

"Teniendo en cuenta que la prórroga de la Ley N° 26.160 vence a fines de este año, y el relevamiento territorial aún no se encuentra concluido, y ante el peligro de que las comunidades puedan ser desalojadas si la norma caduca, es necesario prorrogar los plazos establecidos en la ley de marras a fin de garantizar a nuestros pueblos originarios el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Nacional, tratados internacionales y en el orden jurídico interno.
Por estas razones es que solicito el acompañamiento del presente Proyecto de Ley", concluye el proyecto.

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