Advierten sobre el hacinamiento y los maltratos en las cárceles

La problemática se trató en el Congreso: piden refromas legislativas.

Funcionarios de organismos vinculados a la protección de los derechos humanos y del Servicio Penitenciario Federal expusieron en una reunión virtual plenaria de comisiones de la Cámara baja. Pidieron reformas a leyes para evitar el hacinamiento en las cárceles.

La Comisión de Legislación Penal y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realizó este jueves una reunión informativa con funcionarios de distintos organismos involucrados en el funcionamiento del sistema penitenciario y de velar por los derechos humanos de las personas que allí están encerradas.

Por videoconferencia, se mantuvo una exposición y luego una ronda de preguntas por casi 3 horas en la que no hubo ningún cruce ni chicana política, por lo que la reunión fluyó en cuestiones técnicas y datos sobre la situación de las cárceles en el país, los fallos judiciales que existen con el fin de obligar al Estado a dar respuestas para que haya condiciones mínimas en esas unidades penitenciarias y además hicieron sugerencias en modificaciones en leyes para evitar el hacinamiento.

Al inicio de la reunión, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard (FdT), sostuvo que “el objetivo de este encuentro es poder escuchar a los miembros del Comité Nacional para la prevención de la tortura y escuchar las recomendaciones y todo el trabajo que ha venido haciendo este Comité creado por la Ley 26.827”.

Luego, la vicepresidenta de dicha comisión, Marcela Campagnoli (JxC), manifestó: “Celebro que se incorpore a la agenda legislativa un tema importante y urgente como las condiciones de detención de aquéllos privados de la libertad en nuestro país”.

“En 2019 presentamos un proyecto de ley para estándares mínimos en condiciones de habitabilidad y cupos de alojamiento en sedes penitenciarias. Se requiere un trabajo conjunto y transversal de todos los espacios políticos”, agregó la legisladora bonaerense.

A su turno, el presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazabal, planteó que desde ese organismo consideran “fundamental establecer en espíritu y letra de la ley de que manera queremos que funcione el sistema -carcelario-, porque el sistema en democracia se perfecciona con leyes que se cumplan en función de los intereses sociales”.

En repaso de las recomendaciones del Comité durante este año, la comisionada y exdiputada Diana Conti señaló que se exhortó que se lleve a cabo “un plan de vacunación de la población de riesgo que está en cierro en cárceles y en comisarías”.

También se pidió por la instalación de videocámaras en lugares de detención de “modo de control de la actividad del ‘carcelero’”.

Sobre la situación de las cárceles, sostuvo que “el 50 por ciento de los que están encerrados en todos los sistemas carcelarios en el país están con prisiones preventivas, muchas veces, más largas de lo que es razonable y esto produce el hacinamiento que facilita la tortura, el maltrato, el trato inhumano, y la pandemia vino a poner luz sobre ese hacinamiento”.

Por otra parte, Conti remarcó que “el Comité tiene una mirada de no restricción a las salidas -transitorias- debido a que la persona privada de la libertad tenga interacción con el mundo exterior es muy útil y hay que respetarlo por más que tengamos en contra a la prensa”.

En tanto, la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia e interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPN), María Laura Garrigos, calificó la situación en las cárceles como “preocupantes” porque “no nos estamos agrandando -con las unidades que se están construyendo- sino que nos estamos achicando para cumplir con los fallos judiciales”.

“Hay una sentencia en contra del Servicio Penitenciario para que se reduzca las plazas de Marcos Paz y por eso es que digo que nos estamos achicando y no nos estamos agrandando, por lo que la situación de las personas alojadas en comisarias y en otras dependencias de fuerzas de seguridad no va a mejorar, es probable que empeore, ya que tenemos que obedecer ese habeas corpus y otro que nos obliga a bajar las camas dobles en el complejo de Ezeiza”, justificó.

Por eso, planteó que “tras la ley de flagrancia, se da la situación de que hay condenados por un periodo muy corto, ya sea 15 días o 2 meses, lo que provoca disturbios con otros. Estas penas cortas son simples castigos, ya que no sirven para ellos ni para los otros condenados a más años”, apuntó.

Respecto a los proyectos de ley que prevén restringir derechos de los presos, Garrigos aseguró que “si eliminamos las posibilidades de las salidas transitorias, si eliminamos la libertad condicional, si eliminamos la modificación de la pena por trabajo comunitario, estamos eliminando todos los incentivos para que la personas quieren progresar en el régimen progresivo de la ley de ejecución penal”.

Por eso, sostuvo que “sería interesante que se pensara alguna nueva modalidad para las penas cortas de prisión que son simples castigos”.

En el mismo sentido de la interventora del Servicio Penitenciario y sin rodeos, la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez, señaló: “Esta reforma de la Ley 24.660, merece un estudio muy profundo”.

Y remató: “La gente para entrar a la cárcel a cumplir su condena, tiene que salir, si no admitimos esto y seguimos enviando gente, no hay ningún sistema penitenciario que soporte”.

Al igual que el resto de las funcionarias, el comisionado Gustavo Palmieri destacó que en el Comité “vemos en reiteradas veces la super población y hacinamiento en niveles distintos en la mayoría de las regiones”.

“Cuando uno habla de que se está superando el cupo es cuando se está queriendo decir que el estándar está por debajo de las condiciones mínimas, por lo que en muchos casos las personas en encierro sufren malos tratos y viven en condiciones inhumanas y degradantes”, apuntó.

Asimismo, coincidió en que “en los últimos años, hubo varios cambios a leyes y nuevos proyectos que generaron el aumento de la población carcelaria”.

Para Guillermo Todarello, defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN), “la pandemia agravó todo problema referido a la deficiencia en la generación y el tratamiento de salud, la falta de trabajo y educación, las malas condiciones carcelarias y lo que se vincula con el aumento de la violencia institucional”.

En el cierre del encuentro, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky (FdT), consideró que “en las cárceles es el lugar de resocialización y no uno de castigo, por lo que nos comprometemos a trabajar en ese sentido”.

Yasky destacó la labor del Comité por “el compromiso que tienen con la defensa de la gente privada de la libertad” y sostuvo que “hay mucho por delante” porque “en las cárceles es quizás el lugar donde más se nota la desigualdad, desamparo y ausencia de las políticas públicas”.

Al finalizar su discurso, admitió: “Tenemos muchas expectativas en la creación de una ley para tratar de resolver el gravísimo problema de la violencia institucional”.

Fuente: parlamentario.com

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